http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2009/06/28/noticia_0018.html

La frontera agrícola ganadera se expande de manera irregular en el país. La Argentina perdió en los últimos 70 años el 70 por ciento de sus bosques nativos. Cerca de 250 mil hectáreas anuales van a desmonte. Esta tala indiscriminada depreda cientos de miles de hectáreas de árboles, de los que dependen la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos. Las zonas más afectadas son las provincias de Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán.

Frente a esta realidad, un grupo de indígenas en representación del Consejo de Participación Indígena Mocoví (CPI) integrado también por la comunidad Toba, le pidió al mantuvo al subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Ricardo Biasatti, que Santa Fe ponga en práctica la ley nacional Nº 26.331 de diciembre de 2007 que establece “la preservación y ordenamiento de los bosques nativos” y que participen las comunidades indígenas.

Desde siempre. “Nosotros hemos vivido ancestralmente de estos bosques. Hoy mismo nuestras comunidades cazan y viven de los frutos de esos bosques. Nos reunimos con Biassati y dijo que va a implementar la ley pero que aún no tienen el presupuesto”, dijo Ariel Araujo, coordinador del Centro Mocoví, con asiento en Melincué. Los mocovíes llegan a unos 100 mil en el país, en tanto los tobas rondan los 400 mil. Forman la familia Guaikurú y se expanden por las provincias afectadas por el desmonte.

En Santa Fe el gobernador Binner dictó el decretó Nº 042 que dispone el ordenamiento territorial de los bosques nativos y especifica las zonas de desmonte. Esto implica que “el proceso de zonificación da respuesta a los ordenamientos de la ley provincial Nº 12.366″, según especifica la normativa, y se establecen “los grados de preservación”; esto es: zona roja, amarilla y verde. En la primera se prohíbe talar, en la amarilla se lo hace con planes de manejo sustentable y la verde es libre de tala.

“Queremos participar”. “Los pueblos originarios tenemos que participar en el debate de la zonificación. Defendemos los bosques porque nuestros hermanos, que quedaron en el campo, sufren las consecuencias de las fumigaciones y las talas. Supimos cuidar la naturaleza y hoy vemos cómo se destruye todo. Los bosques en el Chaco y en Santa Fe son nuestra casa”, sostuvo Luis Báez, de la comunidad mocoví.

Por su parte, Alfredo Angel, de la comunidad Toba, expresó: “A nosotros nos importa porque nuestra comunidad en el Chaco es rural”. En Santa Fe el decreto Nº 042 fija tres categorías de bosques nativos. Las rojas son aquellas incluidas en las Areas Naturales Protegidas.

“Santa Fe es una de las provincias en situación más crítica. La cobertura boscosa quedó reducida en un 25 pro ciento. La categoría hoy sería amarilla y se debe hacer con un plan de manejo. Aquí no hay zonas verdes y nosotros queremos participar en las discusiones. En San Javier los bosque se usan como lugares de caza y esos espacios deben caracterizarse como zona roja, aunque el dueño sea una estancia o un particular. Eso hay que debatirlo”, insistió el mocoví Araujo. Según la provincia, en el norte santafesino unas 3 mil familias subsisten en función de los derivados del bosque nativo.

Problema presupuestario. Los representantes recordaron que Biassati les prometió participación, pero “que hay problemas presupuestarios para aplicar la ley, que fue de emergencia y caduca en el 2011″, según Araujo.

Hoy se sabe que el excesivo desmonte provoca cambios en las lluvias que, sin bosques para absorber y frenar el agua, desbordan ríos y cuencas, como las que dejaron sumergida a la capital santafesina, provocaron el alud en Tartagal, inundaron regiones donde el agua escasea y dejaron sequías en los antiguos humedales.

Le advirtió que aún quedan empresas sin ser notificadas de la paralización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esta situación está generando hechos de violencia entre pobladores de la zona.

“No se está dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte ya que se observa en distintos puntos de los mencionados departamentos extracción y tráfico de madera, desmontes y quema de cordones, como constan en las múltiples denuncias realizadas y quedó expresado en las reuniones convocadas en el marco del EIAc (estudio de impacto ambiental acumulativo).”

Sostuvo la Mesa de Tierra en una nota, fechada el 19 de este mes, al secretario General de la Gobernación, Ernesto Samsóm, en relación al amparo presentado ante la Corte Suprema que motivó que el 26 de marzo este tribunal dictara la medida cautelar de suspensión, por 90 días, de la tala y los desmontes en los cuatro departamentos norteños.

La Mesa añadió que saben que algunas notificaciones de la suspensión “fueron cursadas tardíamente y otras no han sido realizadas al día de la fecha”.Como consecuencia “existen y continúan agravándose hechos de violencia en la población local que son de público conocimiento”, por lo que solicitó “de manera urgente se tomen las medidas necesarias para evitar la situación denunciada; se notifique a la cámaras madereras, órganos de control, y particulares con autorizaciones dadas (de aprovechamiento forestal y desmonte) conforme lo ordena el fallo antes mencionado”.

La Mesa expresó también sus objeciones a las reuniones convocadas por el Gobierno en el marco del estudio de impacto ambiental, concretadas los días 8, 9 y 11 de este mes: afirmaron que la convocatoria “no se realizó con la debida antelación ni por los medios adecuados para la zona” y “no se suministraron medios de movilidad, no garantizando así, la representatividad ni la participación efectiva de toda la población interesada”; además, la “metodología utilizada para el desarrollo de las reuniones fue inadecuada porque: no se contó con información oficial previa suficiente para la comprensión del objetivo de la reunión”, el desarrollo del debate se dejó librado a los oradores, los participantes no pudieron exponer información propia, “fue discriminatoria porque no hubo traductores de idiomas nativos, fue irrespetuosa, agresiva, llegándose a situaciones de violencia física y verbal”. También criticaron las encuestas por su redacción hecha en un “lenguaje técnico y culturalmente inapropiado”, que no consideró la cosmovisión de los distintos grupos étnicos “ya que se adoptó una visión manifiestamente mercantilista de los bienes y servicios de la naturaleza” y “no se evalúa el impacto ambiental sino las expectativas de compensación que las personas tienen”.

Y solicitó a la Secretaría que los resultados de estos estudios les sean devueltos para analizarlos antes de ser remitidos a la Corte Suprema, y que se les facilite “copia completa de los videos con la filmación de las reuniones mencionadas”.

Las legisladoras opositoras Alicia Terada y Celia Ávila sostuvieron que en la Provincia se continúa con la deforestación a pesar de la vigencia de la veda forestal que rige en todo el Chaco.

Las legisladoras del ARI y de la Alianza exhibieron documentación fotográfica satelital del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con desmontes de más de 5.000 hectáreas en la zona del departamento Almirante Brown, como así también fotografías donde se observa en la zona rural entre Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya un campamento de maquinarias y herramientas para desmontes realizando trabajos afines, destacándose una casilla con la inscripción “Chaco Merece Mas”.

“Desde la Cámara de Diputados vamos a requerir los informes correspondientes y necesarios porque no puede ser que a pesar de la veda continúe el desmonte indiscriminado, sobre todo en superficies significativas ya que no solamente son 5.000 hectáreas sino que se trata de una superficie mayor de alrededor de 13.000 hectáreas”, aseveró Alicia Terada.
Por su parte, Clelia Ávila dijo que buscan “alertar sobre la importancia de la defensa de los recursos naturales” y aseguró que “está faltando prevención, ya que aplicar multas luego de los hechos no va a remediar en absoluto”. Pidió al gobierno que “tome las medidas en ese sentido”.

“Como legisladoras instamos a la autoridades del gobierno provincial a que tomen todas la medidas de prevención ya que son mas de 13.000 hectáreas de las cuales tenemos documentación”, dijo Ávila y cuestionó: “Qué está pasando que el gobierno no esta ejerciendo los controles que corresponden. Qué significado tiene la casilla rodante con la inscripción “Chaco Merece Mas” en el campamento del departamento Almirante Brown”.
“Queremos que el señor Lovey explique sobre esto ya que es referente de Ligas Agrarias y responsable del Instituto de Colonización o será que es como dice el dicho popular: ponen al zorro a cuidar las gallinas” finalizó.

Será para reclamar la pronta sanción de la ley de ordenamiento y preservación de la forestación en Córdoba. También por el cese efectivo de los desmontes.

Mañana, a las 11, en ocho ciudades cordobesas se realizarán en forma simultánea movilizaciones “en defensa del bosque nativo”.

Será para reclamar la pronta sanción de la ley de ordenamiento y preservación de la forestación en Córdoba y por el cese efectivo de los desmontes en esta provincia, que a pesar de las prohibiciones se siguen haciendo.

Organizados por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba (COTBN) y entidades asociadas, se promueve para mañana a las 11 actos en plazas de las localidades de Deán Funes, Río Ceballos, Alta Gracia, Villa Dolores, Sebastián El Cano, Río Cuarto y Villa General Belgrano, que representan todas las regiones provinciales. También habrá una en Córdoba capital (frente al Rosedal, en el Parque Sarmiento).

Los organizadores invitan a vecinos y escuelas primarias, secundarias y terciarias de cada lugar a participar. En cada reunión se expondrá la situación de los bosques, los problemas que han ocasionado los desmontes o los riesgos que podría acarrear la no preservación de los que quedan (falta de agua para potabilizar porque el suelo ya no retendrá la de lluvias, inundaciones por la creciente erosión, ascenso de napas, pérdida de valor paisajístico, biodiversidad, escasez de recursos para la vida, exclusión social de pobladores rurales), y se denunciarán los sitios donde actualmente se desmonta clandestinamente a pesar que hay normas que lo impiden.

Mientras, se aguarda que la Secretaría de Ambiente de la Provincia eleve a la Legislatura el proyecto de ley por el que Córdoba adherirá a la ley nacional de conservación de bosques nativos. Un anteproyecto, en el que se marcaron las zonas a priorizar para la conservación de la forestación, ya fue elaborado por la COTBN y entregado a la repartición provincial hace casi dos meses. En el ámbito legislativo, esa norma se abrirá a un nuevo debate.

En caída libre. De las 16 millones de hectáreas que tiene Córdoba, alguna vez 12 millones fueron de bosques. Hoy sólo quedan menos de 600 mil, y en parte degradadas ya. El avance de la frontera agrícola y de las urbanizaciones fue el motivo central de los desmontes, que se acentuaron en la última década.

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=349098

La frontera agrícola

“Ante la disyuntiva economía vs. ecología, no deseamos llegar a los extremos, ya que ante el grado de conocimientos que el hombre dispone es mas que prudente pensar que se puede explotar cualquier recurso si se lo hace racionalmente.”

Miércoles, 24 de Junio de 2009 – Diario Norte

El nuevo sistema de control de la explotación forestal implementado en la provincia arrojó como resultado la detección de unas 5000 hectáreas de desmonte ilegal en explotaciones que merecerán ahora la ejecución de unos 70 millones de pesos.

El subsecretario de recursos naturales Mario Bejarano señaló ayer la disposición de los elementos técnicos y legales para una más rápida tramitación y ejecución de las multas a los que violaron la moratoria forestal vigente, tal cual adelantó el gobernador Jorge Capitanich en el marco de la inauguración del Centro de Geo Información de Recursos Naturales y Áreas Protegidas en Sáenz Peña.
“Forma parte de una de las estructuras organizativas que responden a una nueva ingeniería de contralor en los recursos naturales, especialmente en los resguardos en la utilización de los bosques nativos”, explicó Bejarano sobre la estructura habilitada en verdad desde el 1 de abril y ahora en funcionamiento en el viejo edificio de la cooperativa Cosecha en Sáenz Peña.
En declaraciones a FM Universidad en Resistencia, el subscretario anotó ayer que el gobernador mostró mucho interés en el funcionamiento del Centro y en la tecnología aplicada, en línea con las nuevas penalidades por aranceles de multas, que estarían en el orden de los 70 millones de pesos.
“Tenemos una ingeniería que nos lleva a concretar los trámites muy rápidamente” señaló para anotar una drástica reducción de los folios de cada expediente, lo que habilita una pronta tramitación de las denuncias y su posterior cobro.
Bejarano coincidió que ahora la tecnología incorporada, permite detectar infracciones y violaciones, como los de la moratoria contra los desmontes. Señaló al respecto que se presentan hoy unas 20 inspectorías para la fiscalización forestal, cuyo funcionamiento implica una inversión del orden de los 50.000 pesos mensuales.
“Sin lugar a duda que si seguimos con la metodología tradicional, no llegamos a todos los eventos; pero acoplados a la a las nuevas aplicaciones del Centro de Geo Formación, más la utilización de distintas bases de datos, llegamos a optimizar la fiscalización al punto que podríamos asegurar que en un corto plazo, vamos a estar en el 100 % de la auditoria territorial de la provincia”, señaló.

Trascendente deuda legislativa

El subsecretario de recursos naturales Mario Bejarano destacó la importancia de los nuevos mecanismos de control y también en del una legislación que otorgue al organismo de aplicación, resguardo pleno para su cumplimiento.
“Hay un tema que es de fondo pendiente y es el de la preservación de los recurso naturales”, remarcó señalando la mora legislativa en la materia. “Tenemos tres leyes en espera desde el año pasado, que son la del ordenamiento territorial de bosques, la ley de fuegos y la ley de penalidades no arancelarias”
Sobre esta última, explicó que se refiere a un mecanismo vinculado con el certificado de conservación del monte nativo, y tiene que ver con un encadenamiento de inhibiciones donde paralelamente, se constituyen en autoridades de aplicación, otras esferas de la administración pública, que también deben ser solidarias con la conservación del bosque.
Anotó que se trata además de mecanismos legales complementarios y necesarios para la plena aplicación en el Chaco de la nueva ley nacional de bosques nativos.
“No puede establecerse la realización de un trabajo sin la previa autorización de la autoridad de aplicación. Este es un elemento sustantivo porque cualquier actividad que trabaja sobre la conversión de los bosques nativos, genera impacto ambiental con consecuencias graves para la sociedad que se remedian con inversiones estatales en obras de infraestructura para remediar esos desajustes provocados por trabajos que no han sido autorizados”, planteó.
Bejarano definió que para la provincia “es sumamente necesario” asegurar una salida ordenada a la moratoria forestal, que reitera transgresiones a la prohibición. “No las justificamos, nos las vamos a perdonar y estamos trabajando muy fuertemente para que no se escapen los infractores. Pero es impensable que el Chaco, habiendo sido la primer provincia que terminó su ordenamiento territorial, todavía no cuenta con su Ley”, remarcó
El funcionario señaló que se trata de una Política de Estado y en consecuencia una responsabilidad de la sociedad política del Chaco. “Esta es una política de Estado –insistió– por lo cual no es una cuestión de que una oposición no quiera aprobar las leyes del partido que está gobernando”, definió.
Bejarano anotó que la mora legislativa en la materia, conspira con la posibilidad de que la provincia reciba fondos de compensación prevista en la ley nacional de presupuestos mínimos.
“También estamos inhibidos de poder acceder a los beneficios de la ley 2580 de Inversiones para bosques cultivados, porque sin la aprobación de la zonificación provincial, estos mecanismos de financiamiento para hacer manejo sostenido del bosque nativo, para las actividades de restauración ecológica, para forestaciones industriales, para el enriquecimiento del bosque nativo, no los podemos poner a disposición de la sociedad productiva en una provincia eminentemente forestal”.